Frente a la expansión fósil en el mar oriental
Carta Abierta al Estado de Uruguay en defensa del ecosistema marino
Desde febrero de 2025, un grupo de personas organizadas en Uruguay decidió alzar la voz para proteger el mar. Así nació la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, un colectivo ambientalista que surge como respuesta a las decisiones del Estado uruguayo de habilitar la exploración y explotación de hidrocarburos off shore en su zona económica exclusiva, mediante técnicas cuestionadas por sus gravísimos e irreparables impactos sobre el ecosistema marino, como la prospección sísmica.
El contexto actual despierta serias preocupaciones. En diciembre de 2023, el gobierno avanzó en la firma de contratos con YPF, Shell y APA para habilitar la exploración sísmica y la explotación de hidrocarburos. Lejos de revertir ese rumbo, en diciembre de 2025, bajo una nueva administración, el Ministerio de Ambiente profundizó esta política al conceder autorizaciones ambientales a empresas de servicios como Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS. Estas decisiones habilitaron la realización de estudios sísmicos en bloques marítimos adjudicados dentro del territorio uruguayo, consolidando un modelo extractivo con consecuencias potencialmente irreversibles para los ecosistemas marinos.
Si bien cada Estado es soberano para definir sus políticas económicas y decidir si sustenta o no sus modelos de desarrollo en actividades extractivas, los cambios de paradigma y las exigencias de justicia social y ecológica en el continente americano nos obligan hoy a ir más allá y a repensar los modelos económicos sobre los cuales seguimos apoyando nuestras necesidades básicas.
En este sentido, no se observa un rumbo claro a nivel climático y, especialmente energético por parte del estado uruguayo, que impulsa regresivamente su matriz energética hacia los combustibles fósiles. En particular, la exploración y explotación de hidrocarburos off shore posee una largo prontuario de crímenes – muchos de ellos, sino todo, potencialmente calificados como delitos de ecocidio – que se traducen en explosiones, derrames, incendios, filtraciones, escapes, entre otros desastres masivos que provocan pasivos ambientales de dimensiones colosales y daños irreversibles. En países como México, Brasil, Perú observamos en los últimos años, entre muchos otros ejemplos en países de Europa, África y Oceanía.
Al respecto, es pertinente recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Opinión Consultiva N.º 32, nos obliga como naciones americanas a promover, desde una óptica intercultural, el respeto a nuestros ecosistemas, a la regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos, y al reconocimiento de su valor intrínseco. Este enfoque implica dejar de lado la visión que reduce a la Naturaleza a un mero recurso, reconocer su dignidad propia y garantizar su protección adoptando una ética ecocéntrica que supere los antropocentrismos utilitaristas con los que históricamente hemos concebido nuestra relación con la Naturaleza.
Por otra parte, este año entró en vigor el primer Acuerdo Global para Proteger la Alta Mar y el Fondo Marino, en donde el estado uruguayo fue firmante el 29 de enero de 2024 ante la ONU. Al mismo tiempo, cabe destacar que el mencionado tratado fue remitido como mensaje presencial para su consideración por el parlamento, logrando una media sanción en la Cámara de Diputados. Si bien en el caso que nos ocupa se trata de la zona económica exclusiva del mar uruguayo, el Estado en cabeza de su gobierno no debería perder de vista la interdependencia sistémica de los ecosistemas terrestres y acuáticos, ni la necesidad de proteger su diversidad y funcionamiento vital. Por otra parte, en términos de política exterior, además de las evidentes contradicciones polìticas y ambientales, el estado uruguayo incumplirá con las convenciones, tratados, acuerdos y protocolos de los que forma parte, generando responsabilidad y potencial sanciones a nivel interamericano e internacional
Dicho lo anterior, resulta necesario dimensionar lo que implica una exploración sísmica para la naturaleza que habitan el mar: la alteración de sus hábitats, el impacto acústico extremo y la degradación de ecosistemas que serán difícilmente recuperables. Peor aún, entendamos que dicho sacrificio, los daños generados por estas actividades, no revierte los perjuicios ni las consecuencias nefastas, y en muchos casos, irreversibles, producto de tal exploración.
Es inadmisible que persista la intención del Poder Ejecutivo de profundizar este modelo de daño ambiental, cuando deberíamos estar pensando en la manera más adecuada de adoptar mecanismos jurídicos de protección y en la forma de generar recursos económicos basados en modelos de desarrollo sostenible, y no desde la destrucción dolosa de la Naturaleza.
El debate debería centrarse en el cuidado de los ecosistemas, el freno de la contaminación y la urgencia de evitar el punto de no retorno ante el cambio climático. Sin embargo, el foco sigue puesto en las actividades extractivas en el mar uruguayo, así como en el mal uso o el desconocimiento del derecho internacional ambiental y de principios como el in dubio pro natura, las responsabilidades comunes pero diferenciadas y la no regresividad. Aunque estos principios refuerzan la garantía y la protección de los ecosistemas, parecen pesar menos que las ansias de poder de gobiernos como el uruguayo, que lo único que quiere es destruir a manos llenas y sostener este modelo extractivo.
En este escenario, la defensa del mar uruguayo no puede seguir siendo postergada ni relativizada frente a intereses económicos de corto plazo. La persistencia en un modelo extractivo que desconoce los límites ecológicos, el derecho internacional ambiental y los principios que rigen la protección de la Naturaleza, no solo compromete la biodiversidad marina, sino también la responsabilidad histórica del Estado frente a las generaciones presentes y futuras que habitan y habitarán el territorio de Uruguay.
En un contexto global de policrisis económica, social, geopòlítica, alimentaría y ecológica, demandamos la construcción colectiva y participativa de una transición urgente, justa y popular, que integre las dimensiones climáticas, energéticas y de protección de la diversidad biológica, compatibles con una ética ecocéntrica y con el deber de cuidados humanos y no humanos. Proteger el mar no es una opción ideológica: es una obligación jurídica, ética y vital.
Por todo lo anterior, desde la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza exhortamos al estado uruguayo a detener de manera inmediata los proyectos extractivistas fósil dependientes y respetar las Convenciones Internacionales, la Constitución del estado y la propia legislación nacional vigente en materia ambiental y de derechos humanos.
Finalmente, ratificamos nuestra solidaridad y acompañamiento a todas las organizaciones, colectivos, redes y activistas ecoterritoriales de uruguay que resisten y luchan en defensa del ecosistema marino.
